Aspectos procesales

Si hay algo importante que adolece en la actualidad en el proceso penal para las personas jurídicas es saber a qué hay que atenerse en cuanto a lo relativo a los aspectos procesales. Los mismos fueron regulados mediante la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Antes bien hay que señalar que la Directiva de la Unión Europea 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, establece algunas consideraciones acerca de las personas jurídicas. Al respecto la Directiva confiere en sus consideraciones que:

Se reconoce diferentes necesidades y grados de protección con respecto a determinados aspectos de la presunción de inocencia de las personas físicas y jurídicas. Por lo que respecta a las personas físicas, dicha protección se refleja en jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los derechos que dimanan de la presunción de inocencia no amparan a las personas jurídicas en idéntica medida que a las personas físicas. En el estado actual de desarrollo del Derecho nacional y de la jurisprudencia tanto nacional como de la Unión, resulta prematuro legislar a escala de la Unión en materia de presunción de inocencia de las personas jurídicas. Por consiguiente, la presente Directiva no debe aplicarse a las personas jurídicas. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación de la presunción de inocencia a las personas jurídicas, tal como se establece, en particular, en el CEDH y la interpretan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia. La presunción de inocencia de las personas jurídicas debe ampararse en las garantías legales y jurisprudencia existentes, cuya evolución determinará la necesidad de una intervención de la Unión.

Perjuicio moral según establece la sentencia, que si vemos que actualmente en la televisión hay un anuncio publicitario de CaixaBank que nos repite el eslogan “el alma de CaixaBank”, vemos que llegará el día en que a las personas jurídicas no les faltará de nada en cuanto a la semejanza con las personas físicas. Anécdotas aparte, si es cierto que el camino a seguir deviene en dicha idea: la de confluir en la semejanza en las dos vertientes, la persona física versus la persona jurídica. Porque dentro de un plano metafísico, ¿quién al no crear una sociedad no le presupone todos esos presupuestos que no querría para el mismo creador? Es el valor en sí mismo del proceso de creación que acarrea esa finalidad, la de conseguir que “viva” por sí solo la empresa, con la ayuda de las personas físicas por supuesto, pero como un ente independiente al fin y al cabo, lo cual nos llevaría a la idea de entidad independiente dependiente. Las dos singularidades unidas, aunque parezca contradictorio. Por consiguiente vemos que la Unión Europea nos emplaza a seguir los principios que ya estuvieren regulados por la jurisprudencia, en ningún caso se ve con ánimo, por ser inapropiado a la luz de ser materia muy reciente en los derechos positivos de muchos estados de la Unión- de regularizar dicha tarea aún. Pero las bases de lo que vendrá ya se intuyen en algunas sentencias “europeas” como la que establece el caso del 6 de abril de 2000, Comingersoll SA. contra Portugal, una empresa que tenía 8 letras de cambio y llevaba más de 17 años sin poder cobrar, que acudió al TEDH por la violación del art. 6 del Convenio (derecho a un proceso equitativo) y por el que el TEDH dio por demostrado la violación del artículo pero además reconoció el perjuicio moral de la persona jurídica. Se reconoce en esta sentencia que la angustia y los problemas sufridos por los miembros de los órganos de dirección de la sociedad habían constituido un perjuicio moral.

En el caso Sovtransavto Holding contra Ucrania del 25 de julio de 2002 y en el caso Hutten-Czapska contra Polonia del 28 de abril de 2008 se reconoce el derecho de las empresas a la protección de sus bienes, según lo establecido en el art. 1 del Protocolo nº 1 del Convenio (derecho a la protección de la propiedad). El caso Sovtransavto Holding contra Ucrania se dirime especialmente el derecho de las sociedades. En los hechos, un holding ruso, que detentaba el 49% de una empresa de Ucrania, se hizo con la mayoría de ésta a través de diversos aumentos de capital ejecutados gracias a la modificación de los estatutos de la sociedad realizados violando la ley de Ucrania sobre la materia. El TEDH ha considerado que las acciones de las sociedades eran bienes de una naturaleza compleja pero que constituían bienes protegidos según el art. 1 del Protocolo nº 1 y que se imponía al Estado dentro del marco de sus obligaciones positivas el proteger el derecho al respecto de los bienes entre particulares. Este caso demuestra la importancia del Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la defensa del derecho de las sociedades.

Y en el caso Sociétés Colas Est y otros contra Francia, de 16 de abril de 2002, se establecía si las personas jurídicas, podían quejarse de un atentado contra el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, tal y como está reconocido por el art. 8 del Convenio (derecho a la vida privada y familiar). El TEDH interpretó la noción de domicilio establecido en el referido artículo de acuerdo con el derecho positivo francés y estableció que el art. 8 protege el derecho al respeto del domicilio de las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden pues así defender sus derechos fundamentales, pues gracias a la interpretación del Convenio por parte del TEDH se reconocen derechos fundamentales a éstas, para garantizar a su vez los derechos que las personas físicas tienen cuando dirigen una empresa, derecho a sus bienes, a su libertad de emprender y, sobre todo, a la libertad de asociación. Son las personas físicas las que se protegen cuando se protege a las personas jurídicas que han constituido.

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