Conclusiones


Visto los pormenores de lo que acontece en materia procesal en el proceso para las personas jurídicas conviene hacer un resumen y unas anotaciones generales de lo surgido. Por un lado, vemos que hay un evidente adelanto en la normativa en pro de la casuística propia de las personas jurídicas como encausadas o ahora investigadas, como señala el nuevo Código Penal. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, fue el principio activo esencial que aglutina todas estas nuevas realidades.

Es más que importante que en esta nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas, la persona o personas llamadas a ser el compliance officer en las empresas, tenga todo un compendio de medidas que establezca estas nuevas realidades, sobre todo para no darse de luces con la realidad. Desde saberse que puede darse lugar a una sentencia condenatoria y quizá ni la propia empresa ha podido ser “realmente” notificada, ya que podría ocurrir que llegó una citación por parte del Juzgado y un empleado de la persona jurídica no haber “pasado” la notificación a quién competa en la empresa y por consiguiente, seguir el curso del proceso y la propia empresa verse que ha podido ser condenada sin haber ejercido un derecho de defensa real.

Toda la parte procesal de quién es el que será el representante de la empresa ante el proceso será a la vez primordial, saber que sí este tiene intereses a la vez con la defensa de su propia persona física, que también estuviere inculpada, puede devenir en serios perjuicios comunes o solo para con la persona jurídica. De hecho, esto es lo que vino a relucir en la primera sentencia que condena penalmente como responsable a las personas jurídicas, la 154/2016, de 29 de febrero de 2016 del Tribunal Supremo. En esa ocasión, el Tribunal dictaminó que tuvo ocasión de defenderse –la persona jurídica- y no lo ejerció llevando su defensa de modo partidista la persona física –cuando también debía de haber ejercido la defensa de la empresa-. Así pues, en materia procesal la defensa tendrá que tener especial cuidado a quien hace representante ante el proceso para no caer en una situación análoga.

Otro aspecto relevante será estudiar qué puede surgir de la conformidad, establecida en el artículo 787.8 LECrim, ya que se entrevé serías dudas en cuanto a la responsabilidad penal final si ocurre que la persona física es considerada en sentencia firme no culpable o absuelta y la persona jurídica solicitó conformidad antes, durante el proceso. En ningún caso puede obviarse esta coyuntura, que en cualquier caso prevalece el provecho de que pueda llegar a atenuarse la pena final y más aún, absolverse, puesto no cabe asumir responsabilidad penal como responsable a las personas jurídicas si antes no lo hay por parte de una persona física que en nombre de esta comete algunos de los ilícitos.

Son pues estos, ejemplos de realidades inherentes al procesal penal para las personas jurídicas que los legal compliance officers deberán tener constancia, que la doctrina ya comenta sobremanera de todo ello, y que los Tribunales ya han de lidiar y a la postre, ajustar en derecho en el futuro, en pro de una coherencia y/o interpretación jurídica de más renombre o ajuste.

Por consiguiente, se trata de tener previsto en síntesis, los potenciales acontecimientos que puedan surgir en el proceso penal. Para ello, el derecho positivo es hasta hoy el que es en este ámbito, y con esta base, se intuye el camino hacia la “perfección”, en cuanto a converger las realidades procesales de las personas jurídicas versus las personas físicas, con algún matiz diferenciador.

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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