La ausencia


La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal aportó a la LECrim lo siguiente en cuanto a las declaraciones de los procesados y sobre las personas jurídicas:

Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto en los preceptos del presente capítulo en lo que no sea incompatible con su especial naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable.

No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.

Decir al respecto que tendrá que quedar constancia de que el investigado ha sido notificado de su imputación para dar por sentado la contumacia, por lo que, se entenderá que ha ejercido su derecho a no declarar. En caso contrario, de daría el caso del imputado en “rebeldía” con lo que surgiría la obligación judicial de indagar su paradero.

El artículo 839 bis de la LECrim viene a recoger los aspectos inherentes a la requisitoria para las personas jurídicas. En dicho artículo se dice lo siguiente para el caso de, habida cuenta de suceder a la citación negativa, esto es, cuando no ha sido localizado la persona jurídica o por lo que fuere no han recibido la citación:

1. La persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un domicilio social conocido.

2. En la requisitoria de la persona jurídica se harán constar los datos identificativos de la entidad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer en el plazo que se haya fijado, con Abogado y Procurador, ante el Juez que conoce de la causa.

3. La requisitoria de la persona jurídica se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en cualquier otro periódico o diario oficial relacionado con la naturaleza, el objeto social o las actividades del ente imputado.

4. Transcurrido el plazo fijado sin haber comparecido la persona jurídica, se la declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión.

Por consiguiente, solo cabe la requisitoria cuando se dé lugar a que no haya sido posible la citación por falta de un domicilio conocido. Y dado el caso, advertir que habrá que estar al tanto –el compliance officer por ejemplo- de los boletines oficiales, por si fuere notificado por dicha vía (mediante empresas terceras que nos alertan de los avisos en estos boletines). Cabe pensar que esto ocurrirá a menudo, ya que la empresa puede desde estar en otro lugar y no haberlo anotado en el Registro Mercantil hasta un sinfín de situaciones análogas. En cualquier caso la citación deberá efectuarse en aquel domicilio donde el ente jurídico lleve a cabo realmente su dirección o actividad.

Y sobre todo por lo que viene a continuación. En el caso de la rebeldía, el artículo 786.1.2 de la LECrim establece que es posible la condena en dicho estadio, con lo que transcurrido el término establecido (art. 837 LECrim), seguirá el proceso hasta dicha condena. No ocurre lo mismo con las persona físicas, en la que a estos no les condena en rebeldía.

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