Los riesgos penales en las personas jurídicas


Se puede establecer que los riesgos penales en una persona jurídica es aquella probabilidad o proximidad que dado ciertos factores que acontecen en una empresa pueden desembocar en la constitución de un delito. Un delito o delitos que pueden asimismo constituir en la responsabilidad penal de estas personas jurídicas si dichos delitos surgidos en el ámbito de su actuación son de los contemplados por el Código Penal que son imputables a la personas jurídicas.

Hay que entender pues, que el objeto o la base así como su finalidad de lo que es un compliance es y será, la prevención de estos delitos.

De alguna manera todo valdrá para prevenir dichos delitos, y entendiendo todo, como cualquier actuación que sea previsible y pertinente, por parte de la empresa para que no se cometa el ilícito penal, como garante de unas propias actuaciones que le invoca el Código Penal a tenor del art. 31 bis así como de la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas si pretendiera ser exenta de responsabilidad penal. Es por ello que no hay un compliance que valga para todas las personas jurídicas, no hay un modelo de cumplimiento sui generís que venga a valer para todas las personas jurídicas del mismo modo que no todas las personas jurídicas son iguales ni funcionan iguales ni tienen unos riesgos penales iguales que otras. Habrá por consiguiente, que valerse de un compliance ad hoc, un compliance a la medida de la empresa y, este, determinado por sus potenciales riesgos penales. Los riesgos penales será por tanto, la piedra angular, el fundamento del compliance de la empresa, porque en la medida que se identifica la incertidumbre de que se pudiera materializar un riesgo penal, en tanto que se prevea una contingencia o proximidad de un daño con relevancia penal, vendrá en consecuencia su requerido procedimiento de la empresa con los recursos que sean suficientes para eliminar que se produzca el riesgo del ilícito penal. Y digo piedra angular o base del compliance porque de alguna manera es lo que se entrevé de la jurisprudencia sobre lo que nos ocupa. La muy ya conocida Sentencia (1) del Tribunal Supremo, de 29 de febrero de 2016, que estableció:

[…] el núcleo del enjuiciamiento acerca de la responsabilidad propia de la entidad, vinculada a la comisión del delito por la persona física, no es otro que el de la determinación acerca de la existencia de las medidas preventivas oportunas tendentes a la evitación de la comisión de ilícitos por parte de quienes la integran, en supuestos como éste en el que la inexistencia de cualquier clase de tales herramientas de control, vigente ya el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, es total, la aplicación a la entidad recurrente del artículo 31 bis como autora de infracción, en relación con el artículo 368 y siguientes del Código Penal, resulta del todo acertada. […]

Por consiguiente, se debe de establecer un trabajo de investigación sobre los fundamentos y la metodología que en el compliance se ha de necesitar o requerir para conocer los riesgos penales, para que a posteriori, identificado y analizado el riesgo, mediante las otras políticas de actuación enmarcadas en el programa de compliance puedan actuar en consecuencia.

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